Artículo

 

 

Revuelta general y represión ejemplar. Los motines de 1767 en San Luis Potosí

 

General revolt and exemplary repression. The riots of 1767 in San Luis Potosí

 

Juan José Benavides Martínez¹

 

¹Universidad del País Vasco, Grupo de Investigación País Vasco, Europa y América: Vínculos y relaciones atlánticas.

 

Correo electrónico: juanj_bena@hotmail.com

 

Resumen:

En mayo de 1767 iniciaron unas manifestaciones violentas contra las autoridades en San Luis Potosí, tradicionalmente relacionadas con la expulsión de los jesuitas de la Monarquía hispánica. Pero, tras la consulta de la correspondencia entre los núcleos sublevados, se puede asegurar que estos motines tuvieron como causa de fondo la conflictividad por el acceso a la tierra que vivía la población potosina y los abusos de las autoridades hacia los habitantes de los barrios de San Luis y de los pueblos de la región.

Una serie de detenciones abusivas y la aplicación de unas reformas, que afectaban directamente a las costumbres cotidianas y a las maltrechas economías del pueblo llano, provocaron el estallido violento en mayo de 1767. Los mineros del Cerro de San Pedro y los habitantes de los pueblos de la jurisdicción se unieron y tomaron la ciudad en tumulto. Las autoridades no tuvieron capacidad de reacción y sólo la intervención de un gran hacendado, Francisco de Mora, quien negoció desde una posición de fuerza con los rebeldes, pudo devolver la paz a la región.

Después, el visitador José de Gálvez impuso unos duros castigos ejemplarizantes, para que la población comprendiera que siempre debía respetar a las autoridades y que le sirvieron para aparecer ante sus superiores como el pacificador de una grave rebelión que amenazaba con independizar Nueva España.

 

Palabras clave: revueltas populares, San Luis Potosí, José de Gálvez, Tierras, Reformismo borbónico.

 

Abstract:

A series of violent demonstrations against the authorities in San Luis Potosí, traditionally related to the expulsion of the Jesuits from the territories of the Spanish Monarchy began in may 1767. But, after the consultation of the correspondence between different nuclei revolt, ensure that these riots had as root cause conflicts that existed in the Potosi region over access to land, and abuses that authorities submitted to the inhabitants of the districts of San Luis and the villages of the region.

A few abusive arrests and the implementation of reforms, which affected directly the daily habits and the battered economies of the plain people, caused the violent outbreak in may 1767. The miners of Cerro de San Pedro and the inhabitants of the villages of jurisdiction came together and took the city in turmoil. Authorities had no ability to react and only the intervention of a great landowner, Francisco de Mora, who negotiated from a position of strength with the rebels, could restore peace to the region.

Then the visitor José of Gálvez, imposed some harsh exemplary punishments, so the people understand that should always respect to the authorities, and also they served to appear before his superiors as the peacemaker of a serious rebellion that threatened to become independent New Spain. 

 

Keywords: Popular revolts, San Luis Potosí, José de Gálvez, Propertys, Bourbon reformism.

 

Recepción: 1 de septiembre de 2015

Dictamen 1: 13 de octubre de 2015

Dictamen 2: 17 de octubre de 2015

Dictamen 3: 9 de noviembre de 2015

 

 

Introducción

 

 

 

En mayo de 1767 iniciaron una serie de manifestaciones violentas contra las autoridades en San Luis Potosí, que coincidieron en el tiempo con otras de similares características en el Bajío y Michoacán. Tradicionalmente, estos motines se han relacionado con el decreto de expulsión de los jesuitas de los territorios de la Monarquía hispánica, pero, al margen del aprecio de buena parte de la población por los miembros de la Compañía, las motivaciones de la revuelta fueron más variadas y complejas.

El objetivo de este artículo es presentar estos tumultos desde un punto de vista distinto al de la historiografía que ha tratado el tema, basado fundamentalmente en fuentes oficiales (informes, declaraciones en interrogatorios, sentencias, etcétera).^[1] Como reconocen los propios autores, este tipo de documentación, redactada a posteriori, contiene una distorsión de origen, que dificulta la aproximación al conocimiento real de los objetivos e intereses de los rebeldes: la argumentación de las autoridades tratando de justificar su actuación y el propósito de exculpación por parte de los acusados en los juicios (Castro Gutiérrez, 1996, p. 251).

Para tratar de superar esta limitación, aportaré una visión de los motines basada en la correspondencia entre los distintos núcleos rebeldes la cual fue incautada por las autoridades. Estas cartas, redactadas mientras se desarrollaban los acontecimientos, permiten conocer de primera mano los objetivos, intereses y temores de los participantes en las revueltas. Pero, como cualquier documentación, tampoco está exenta de trabas, ya que no se ha conservado la totalidad de las cartas y, también, pueden contener mentiras o exageraciones, por lo que se deben interpretar dentro del contexto en que fueron elaboradas. Por ello, ha sido fundamental para este trabajo el apoyo de la obra de Felipe Castro (1996), que es hasta el día de hoy el estudio más detallado de los sucesos de los motines de 1767.

La documentación epistolar, en que se basa fundamentalmente esta investigación, está compuesta por 48 cartas escritas entre el 1º de junio y el 4 de agosto por una buena parte de los actores principales de la revuelta. Es decir, se trata de las comunicaciones directas entre los rebeldes, aunque también hay algunas cartas escritas por autoridades y personajes preeminentes a nivel regional que intervinieron en la pacificación de la zona.[2] Estas fuentes, localizadas en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia (Madrid), en los mismos legajos que recogen la documentación de los procesos judiciales tras los motines, no son las cartas originales, sino una copia de las mismas, realizada a posteriori por el escribano que acompañaba la expedición del visitador Gálvez: Prudencio Ochoa Badiola. Podrían tratarse de una “prueba construida”, sin embargo parecen auténticas, ya que su contenido concuerda con los hechos descritos por otras fuentes y porque buena parte de la información que aportan no encaja con las teorías “interesadas” que defendieron las autoridades virreinales. Además no se utilizaron en los procesos judiciales como prueba para imputar delitos a los acusados, a pesar de que podían haber aportado datos que hubieran ayudado al esclarecimiento de los hechos, algo que, como se verá, nunca fue el objetivo de las autoridades.

 

El Altiplano Potosino durante el periodo colonial

 

La conquista y colonización del territorio potosino no fue un proceso uniforme. En 1522 Hernán Cortés sometió la Huasteca, una región de escasa altitud con un clima cálido y húmedo, habitada por comunidades similares a los pueblos mesoamericanos. Pero la ocupación del resto del territorio no se completó hasta finales del siglo xvi. Las regiones del Altiplano y la Zona Media, de mayor altitud y un clima semidesértico, estaban pobladas por tribus chichimecas de cazadores-recolectores, sobre todo guachichiles y pames. Tras varias décadas de enfrentamientos, en el contexto de la Guerra Chichimeca, al final de la centuria se alcanzó un estado de paz general, tras la negociación de tratados con los pueblos indígenas. En esta coyuntura, en 1592, el capitán Miguel Caldera realizó el descubrimiento argentífero más importante de la región, las minas del cerro de San Pedro, fundándose poco después en un paraje cercano el pueblo de San Luis y Minas del Potosí.^[3]

Los descubrimientos mineros fomentaron la llegada de colonos y la fundación de nuevas poblaciones, como Guadalcázar, Sierra de Pinos, Ramos y Matehuala. También se erigieron varios pueblos de indios como Santa María del Río, Rioverde y Mexquitic, en los que cohabitaban chichimecas, tlaxcaltecas y otomíes. Además, las haciendas de beneficio y ganaderas se extendieron y aumentó la presencia de religiosos.^[4] Las instituciones del gobierno y la Iglesia se consolidaron, pero también aumentó el protagonismo de los grupos de poder local, que aprovechando la distancia con respecto a la capital, aplicaron la ley conforme a sus intereses, sobre todo, en lo referente a los derechos de los indígenas y la concesión de tierras. A mediados de esta centuria, la riqueza minera se fue desvaneciendo, pero se produjo una diversificación de las actividades económicas.

Durante el siglo xviii las administraciones civil y eclesiástica aumentaron su presencia. Se establecieron nuevos centros, como Real de Catorce,[5] uno de los principales yacimientos mineros del virreinato, y hubo un crecimiento demográfico que consolidó la ocupación de un territorio en el que habitaban peninsulares, criollos, indios y castas. La minería era la actividad más importante, aunque la mayoría de los habitantes se dedicaban a labores agropecuarias. El crecimiento económico conllevó un desarrollo del arte y el comercio, pero también afianzó el poder de las élites (Monroy y Calvillo, 1997, pp. 136-142).^[6] Los latifundios crecieron en número y extensión y la riqueza se concentraba cada vez más en las manos de los grandes propietarios de minas, comercios y haciendas. A pesar de la gran extensión de la jurisdicción, se generó una intensa lucha por los espacios, lo cual fue el germen de la primera gran manifestación de inconformidad del pueblo: los tumultos de 1767.

 

La “chusma” asalta el poder

 

Por su desarrollo geográfico y cronológico se pueden distinguir tres revueltas en la provincia potosina: la de San Luis, la de Venado y Hedionda, y la de Guadalcázar. Las tres estallaron por motivos similares, pero nunca constituyeron un proyecto común.^[7] Esta falta de cohesión entre los núcleos rebeldes se vio favorecida por la división administrativa existente hasta el establecimiento del sistema de intendencias en 1787. El territorio potosino estaba formado por cinco alcaldías mayores independientes entre sí: San Luis, Guadalcázar y Valles, pertenecientes a la Audiencia de México; Salinas del Peñón Blanco y Charcas, de la Audiencia de Guadalajara (Irrisari, 2008, pp. 20-22).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. División en alcaldías mayores de la región potosina

 

Fuente: elaboración propia.

 

La primera revuelta en estallar fue la de la capital potosina y su entorno, donde, entre el 10 de mayo y el 9 de julio, se produjeron varios estallidos violentos en los que se implicaron diferentes sectores sociales, animados por distintos motivos, pero que se unieron en momentos puntuales:

1) Barrios de San Luis. A mediados del siglo xviii, la capital potosina tenía alrededor de siete mil doscientos habitantes, a los que habría que sumar los dos mil quinientos que poblaban los siete barrios fuera del casco urbano: Tequisquiapan, San Miguel, Guadalupe, San Sebastián, San Cristóbal del Montecillo, Tlaxcalilla y Santiago. Estos barrios habían alcanzado un alto grado de mestizaje racial y cultural, pero seguían manteniendo su estatuto fundacional como pueblos indios porque el sistema jurídico les ofrecía ciertos privilegios, fundamentalmente, el derecho a elegir sus autoridades y a tener bienes comunales.^[8]

2) Cerro de San Pedro. Este yacimiento había perdido la mayor parte de su riqueza, pero seguía siendo uno de los principales motores económicos de la región, con una población de 500 habitantes (españoles, mestizos y mulatos). El trabajo de los mineros del Cerro, conocidos como “los serranos”, estaba bien pagado pero no era continuo, por lo que siempre había una masa de población desocupada, disponible para cualquier conmoción (Velázquez, 1982, p. 475; Castro, 1996, p. 26).

3) Pueblos y haciendas próximas al Cerro. Los más importantes eran: Real de los Pozos, hacienda de La Sauceda, Soledad de los Ranchos y San Nicolás del Armadillo.^[9] La economía de estos enclaves estaba estrechamente relacionada con la del Cerro, ya que los mineros dependían para su abastecimiento de los pueblos y haciendas de su contorno, que obtenían importantes ingresos por la venta de sus productos a los serranos y por el trabajo ocasional en las minas.^[10] Además, estos núcleos tenían rasgos similares a los de los barrios de San Luis: grado de mestizaje, costumbres, oficios.

4) Valle de San Francisco. Población situada sesenta kilómetros al sur de San Luis, que contaba con unos mil trescientos habitantes, españoles, mestizos e indios, dedicados casi en su totalidad a labores agroganaderas en las numerosas haciendas y ranchos de la zona (Velázquez, 1982, p. 474). A pesar de la distancia con la cabecera de la jurisdicción, la sublevación en este pueblo estuvo directamente relacionada con los motines en San Luis.

Además, cabría destacar que, aunque la mayoría de los que participaron en los tumultos era gente del común, también estuvieron implicados varios delincuentes, que encontraron en el desorden un terreno abonado para hacer de las suyas.^[11]

La revuelta se debió, en buena medida, al estado de tensión social que vivía la región por la ocupación de tierras. Como ya mencionamos, desde finales del siglo xvi españoles, indígenas y castas se asentaron en territorio potosino. Las autoridades otorgaron mercedes de tierras y permitieron la formación de pueblos, aunque no siempre se cumpliera con la legislación.^[12] También era habitual que los hacendados ampliaran sus posesiones sin que los obstaculizaran las autoridades, ya que la ocupación de nuevos terrenos aumentaba la actividad económica.^[13] En un principio, estas prácticas no causaban conflictos por la gran extensión de la jurisdicción, pero en el siglo xviii los hacendados empezaron a ocupar tierras de los pueblos y éstos, con una población cada vez mayor, también trataron de aumentar las suyas, esto generó una gran cantidad de pleitos, tanto entre hacendados y pueblos, como entre pueblos y entre diferentes hacendados.^[14]

En este contexto, el estallido violento se detonó a causa de los abusos y vejaciones a los que, según los habitantes de los barrios de San Luis, los sometían las autoridades locales, en especial, el alcalde ordinario Juan Antonio Bernardo Quirós.^[15] La situación se descontroló tras dos detenciones, realizadas por la ronda del alcalde Quirós la noche del 9 de mayo.^[16] Al día siguiente, los habitantes de los barrios (excepto Tlaxcalilla) entraron en la ciudad y apedrearon la casa del alcalde mayor, Andrés de Urbina, y la cárcel. Urbina, sin margen de maniobra, trató de evitar males mayores ordenando la liberación de los presos (Montejano y Aguiñaga, 1964, p. 63).

En el Cerro de San Pedro los disturbios estallaron dos semanas después, el 26 de mayo, cuando el teniente del alcalde mayor publicó un bando, mediante el que se aplicaban una serie de reformas administrativas y económicas.^[17] Algunas de estas disposiciones suponían importantes cambios en la vida cotidiana de los habitantes del Cerro, como la prohibición de portar armas, algo habitual para los mineros, o mayor control sobre los “vagabundos”.^[18] Además, los escasos recursos de los grupos populares se verían afectados con nuevas medidas, como el estanco del tabaco y las nuevas tasas sobre el comercio. Estas reformas afectaban también a las poblaciones próximas al Cerro, porque los nuevos impuestos acarrearían una subida de precios que reduciría la capacidad adquisitiva de los mineros y, por tanto, también los beneficios de los habitantes de estos pueblos, que les suministraban los avíos. El teniente de alcalde huyó ante la violencia con la que reaccionaron los serranos que, al día siguiente, 27 de mayo, entraron en San Luis exigiendo al alcalde mayor la supresión de las “leyes nuevas”. Además, le presentaron varias quejas contra los diputados de minería, que gestionaban la explotación del yacimiento.^[19]

El hecho de que los serranos, los pueblos próximos al Cerro y los barrios de San Luis sufrieran los abusos de las autoridades, estuvieran inmersos en pleitos por tierras, y sus costumbres y su economía se vieran afectadas directamente por la reforma legislativa, fomentó un acercamiento entre ellos.^[20] En principio, pretendían seguir un proceso de reclamación dentro del marco legal.^[21] Pero todo cambió durante la primera semana de junio, cuando los serranos se erigieron como líderes del movimiento. En una reunión celebrada en el Cerro de San Pedro el 5 de junio, los mineros se ganaron el apoyo del resto de asistentes, formando un frente común basado en dos pilares: las reivindicaciones agrarias y la violencia como vía para satisfacer sus demandas.^[22] Tenemos la certeza de la presencia en la reunión de representantes de varios núcleos del entorno del Cerro, al menos de La Sauceda, Soledad de los Ranchos, Real de los Pozos y San Nicolás del Armadillo, así como de los barrios de San Sebastián, Santiago y Montecillo. La asistencia de representantes de Tequisquiapan, San Miguel y Guadalupe es más que probable, sin embargo el barrio de Tlaxcalilla quedó excluido porque sus habitantes habían tenido litigios por tierras con la mayoría de sus vecinos y estaban enemistados con ellos.^[23]

Como resultado de la reunión, la ciudad fue invadida de manera violenta el 6 de junio por los serranos y vecinos de Soledad de los Ranchos, La Sauceda, Pozos, San Nicolás del Armadillo y de los barrios de San Luis (a excepción de Tlaxcalilla). Los rebeldes, bajo la dirección de los mineros José Patricio Alaniz, el Cojo, y Juan Antonio Orosio, expusieron sus peticiones al alcalde mayor. Querían que se suprimiera el estanco del tabaco, la prohibición de llevar armas y el cobro de tasas sobre los víveres que se introducían en el Cerro; reclamaron que los que no trabajasen las minas perdiesen los derechos sobre ellas; pidieron un nuevo nombramiento de diputados de minería y el derecho a destituir al teniente de alcalde mayor. Además, para asegurarse el apoyo de los pueblos de la región, exigieron que las poblaciones próximas a los reales gozaran de los mismos derechos que los mineros porque colaboraban en el laboreo de las minas, y que cada pueblo fuera dueño de las tierras en un perímetro de tres leguas en torno a su plaza mayor (Hernández Soubervielle, 2013, pp. 60-61). Tras plantear sus exigencias, como muestra de fuerza y de insubordinación, liberaron a los presos de la cárcel, apedrearon la casa del alcalde mayor y saquearon algunas viviendas de vecinos de renombre, principalmente peninsulares.^[24] Desbordado por la situación y sin capacidad de respuesta, el alcalde mayor Urbina prometió cumplir las peticiones de los rebeldes, tras lo que se calmaron los ánimos.^[25]

Andrés de Urbina y Gaviria, natural de Urbina de Basave (Álava) y teniente del Regimiento de Caballería de Milán,^[26] era la mayor autoridad civil de la ciudad de San Luis y su contorno (Santa María del Río, Valle de San Francisco y Rioverde). Tuvo que hacer frente a la revuelta más grave del periodo colonial en la región potosina y se vio superado por las circunstancias.^[27] En un primer momento, al tratar de recuperar el control de la ciudad, consiguió que los gobernadores de los barrios le prometieran su apoyo y reunió una junta de notables (comerciantes, terratenientes y miembros del ayuntamiento) para consensuar las medidas a tomar. Urbina pretendía formar un piquete con un centenar de hombres procedentes de los pueblos de la región y otros trescientos de los barrios, pero los asistentes a la junta rechazaron su propuesta pues consideraban inviable la formación de la milicia ya que los pueblos del entorno, que estaban sublevados, no mandarían hombres y tampoco confiaban en el apoyo de los barrios. Sin embargo, pasadas dos semanas, Urbina retomó sus planes defensivos. El 23 de junio ordenó al teniente de alcalde del Valle de San Francisco, Felipe Mesa, que organizara una partida de quince hombres armados para que fueran a San Luis. El pueblo, liderado por los gobernadores indígenas, se rebeló y el propio Mesa y los pocos vecinos peninsulares pudieron huir gracias a la intervención de los religiosos (Velázquez, 1982, pp. 503-507; Castro Gutiérrez, 1996, pp. 138-139).

Parece que Urbina decidió reunir una fuerza tras la recepción del decreto de expulsión de los jesuitas, según el cual, el 25 de junio debía remitir a los religiosos como prisioneros a Veracruz (Velázquez, 1982, pp. 508-512). El alcalde mayor temía los disturbios que esta orden podía acarrear, considerando la situación de frágil calma que vivía la ciudad, pero le resultó imposible formar un piquete armado. Aun así, el 25 de junio publicó el decreto de expulsión y la mañana del 26 la ciudad volvió a ser tomada por los habitantes de los barrios, autodenominados “indios mata-gachupines pelados”; los serranos, conocidos como los “muy poderosos señores del Cerro” y los habitantes de los pueblos de la jurisdicción, que  evitaron la salida de los jesuitas (Castro Gutiérrez, 1996, p. 134). La intervención de varios religiosos evitó que la muchedumbre acabara con la vida de Urbina y de los peninsulares que tan sólo pudieron buscar refugio, muchos de ellos, en el colegio de los jesuitas.^[28]

 

Mapa 2. Representación esquemática de San Luis Potosí y sus barrios

 

                                              

 

                                               Fuente: elaboración propia.

 

Los barrios que no tenían un casco urbano claramente definido están representados con un círculo proporcional a su número de habitantes.

 

 

 

Mapa 3. Pueblos y haciendas afectados por los motines de 1767 en la jurisdicción de San Luis Potosí

 

                        Fuente: elaboración propia.

 

 

La siguiente población en sublevarse fue Guadalcázar.^[29] El 5 de julio, cuando los disturbios de San Luis eran de sobra conocidos, una muchedumbre se reunió en la plaza mayor, liberaron a los presos de la cárcel y saquearon las casas de los comerciantes. El teniente de alcalde, José Pérez Platón,^[30] y los peninsulares se refugiaron en casa del criollo Ignacio de Jara, quien fue, junto con el diputado de minería Santiago de Ortega, a negociar con los rebeldes. Estos pedían la expulsión de los peninsulares, la supresión del estanco del tabaco y de las alcabalas, la devolución de las prendas que los comerciantes exigían como fianza de las compras a crédito y el derecho a tener un teniente de alcalde criollo, cargo para el que propusieron al propio Santiago de Ortega.^[31] La mañana siguiente, Pérez Platón partió a San Luis e informó al alcalde mayor Urbina, quien ni siquiera mantenía el control de la ciudad, y no tuvo más remedio que ceder a las pretensiones de los rebeldes de Guadalcázar. La población, complacida, retomó sus quehaceres cotidianos.^[32]

Este fue un motín contra los comerciantes, por sus prácticas abusivas; contra los peninsulares, que tenían una situación jurídica privilegiada y eran comerciantes en su mayoría; y contra las autoridades, que trataban de modificar las costumbres del pueblo, perjudicaban sus maltrechas economías y, además, eran de origen peninsular. Pero uno de los líderes rebeldes, Severiano García, el Obrajero, fue más allá y planteó la idea de coronar un nuevo rey criollo. Esta idea obedecía a una visión tradicional más que a un proyecto independentista y fue minoritaria.^[33]

En El Venado y La Hedionda la violencia se desencadenó fundamentalmente por la mala gestión de los bienes de las cofradías. Al contrario que los pueblos próximos a San Luis, estas poblaciones, alejadas de los principales núcleos mineros de la región y con una economía basada en la agricultura de subsistencia y la ganadería menor, mantuvieron el carácter de comunidad indígena con el que fueron fundadas y las cofradías jugaban un papel trascendental.^[34] Eran asociaciones de laicos con fines religiosos, regidas por un mayordomo y la pertenencia a una de ellas era una forma de representación pero, sobre todo, de sociabilidad, y en los pueblos indios, además, un refuerzo de su identidad.^[35]

Para hacer frente a los gastos de la celebración de sus actos devocionales, las cofradías contaban con un patrimonio que era gestionado por un administrador designado por el párroco local. En 1767 el patrimonio de las cofradías de El Venado y La Hedionda tenía un valor aproximado de 30 000 pesos y rendía unos 1 500 al año.^[36] Esta riqueza despertó la ambición del párroco de El Venado, Diego Martín de la Campa y Cos; del administrador de las cofradías, Marcelo de Jesús, y del teniente del alcalde mayor, Diego de Padilla, quienes se valieron de su posición privilegiada para llevar a cabo un saqueo sistemático de los bienes de las cofradías, con la connivencia del alcalde mayor de la jurisdicción de Salinas del Peñón Blanco: Francisco Javier de Aristoarena y Lanz.

Los Aristoarena y los Campa y Cos tenían una posición preeminente en la región de Zacatecas y mantenían una estrecha relación. Esto le aseguró al cura Diego Martín el apoyo del alcalde mayor, quien designó a Diego Padilla como teniente de alcalde para El Venado.^[37] La piedra angular del entramado era Marcelo de Jesús, nombrado administrador de las cofradías en 1753 por el cura Diego Martín. Su gestión provocó continuas quejas de los gobernadores indígenas, pero el párroco hizo caso omiso, lo que aumentó el descontento de la comunidad. Aprovecharse de los bienes de las cofradías era una falta de extrema gravedad porque con ese patrimonio se pagaban las misas, los arreglos en la iglesia y las fiestas que les garantizaban el favor de sus santos (Moreno Navarro, 1981, pp. 267 y 268).

Además del pillaje al que estaban sometidas sus cofradías, las tierras comunales de El Venado y de La Hedionda, que no estaban amojonadas, también fueron hostigadas por algunos terratenientes. Esta situación provocó que surgieran dos bandos: uno radicalmente opuesto a las ocupaciones, liderado por Juan Santos, Tata, y otro, moderado, que lideraba Bartolomé Bonoso. En 1765, Bonoso encarceló a Santos por malversación de fondos comunales, pero en 1767 éste fue elegido gobernador. El alcalde mayor de Salinas, la jurisdicción a la que pertenecían estos pueblos, anuló el nombramiento por tratarse de un reo, acrecentando el malestar entre la población, que estalló de forma violenta el 10 de julio, tras la elección del nuevo gobernador. El administrador Marcelo de Jesús acudió a la reunión armado y ordenó detener a Bonoso, que se había quejado de su gestión. Esa misma noche, el pueblo asaltó la cárcel, liberando a Bonoso y a Santos. Las propiedades del teniente Padilla y del administrador fueron asaltadas y tuvieron que refugiarse en la iglesia, donde el párroco les ayudó a escapar hacia Charcas.^[38] Los rebeldes designaron a Nicolás Esteban como gobernador, tomaron el control de las cofradías y pidieron el nombramiento de un nuevo teniente de alcalde que no fuera español. Además, propagaron la revuelta al cercano pueblo de La Hedionda, cuyos habitantes eligieron a Tata Santos como gobernador y trataron de extender su gobierno a otras poblaciones cercanas.^[39] Al igual que en los otros tumultos de la región, las autoridades no fueron capaces de oponer resistencia.^[40]

 

La pacificación: Francisco de Mora, el “caudillo negociador”

 

Concluida la agitación por el intento de expulsión de los jesuitas, la ciudad de San Luis estaba en manos de los sublevados, pero fue entonces cuando su unión empezó a resquebrajarse. La intervención de un hacendado con buena reputación entre los grupos populares, Francisco de Mora, y el temor ante una inminente represión provocaron que salieran a la luz las diferencias y empezaran las traiciones entre los, hasta entonces, socios.

El terrateniente criollo Francisco de Mora y Luna era el propietario de la hacienda de Santa María de Guadalupe del Peñasco (quince kilómetros al norte de la ciudad), administraba la hacienda de San Nicolás del Pozo, perteneciente a su tío, y poseía minas en Guadalcázar, donde también tenía arrendadas las alcabalas.[41] Además, entre 1746 y 1750, durante la conquista del Nuevo Santander, reconoció la costa del seno mexicano, lo cual le valió el rango de capitán de la Compañía de los Cien Montados de la Frontera de Guadalcázar. Asimismo, Mora se había ganado el aprecio de los habitantes de los barrios de San Luis por algunas actuaciones “paternalistas”.^[42] Aún así, su prestigio y su riqueza no lo libraron de pleitos por la propiedad de tierras y minas.^[43]

Tras los desórdenes del 26 de julio, los gobernadores de los barrios fueron a casa de Mora para pedirle la expulsión de los peninsulares. El alcalde mayor había perdido su legitimidad al actuar contra los jesuitas, así que el interlocutor pasó a ser alguien que no desempeñaba ningún cargo público, pero que tenía cierta influencia sobre los gobernadores de los barrios; al mantener una buena relación con Mora, los dirigentes populares podían conseguir favores y consideración, mientras que el hacendado aseguraba una población que no hostigaría sus tierras y que podía actuar en favor de sus intereses en una determinada situación.^[44]

Mora calmó los ánimos y convocó a los gobernadores a una reunión para el día siguiente. Pero esa noche los rebeldes recibieron una noticia que dio un vuelco a la situación: una fuerza de 300 hombres acampaba en la hacienda del Jaral, 80 kilómetros al sur, tomando provisiones y reclutando voluntarios para entrar en San Luis (rah, El Gobernador de Santiago a Orosio y Alaniz, 28 de junio de 1767). Se trataba de un escuadrón del Regimiento Provincial de Dragones de Querétaro, enviado por orden del virrey Croix en previsión de posibles desórdenes al publicarse el decreto de expulsión. Mora ya conocía la presencia de las tropas y escribió al comandante, proponiéndole una estrategia para tomar la ciudad causando el menor daño posible.^[45]

En la reunión del 28 de junio, los barrios y Mora firmaron ante notario un acuerdo de paz. Los gobernadores juraron lealtad a las autoridades y prometieron respetar el orden público, mientras que el hacendado juró que evitaría la entrada de tropas foráneas. Además de su buena relación con los gobernadores de los barrios, la amenaza del uso de la fuerza fue decisiva para llegar a un acuerdo; no sólo por las tropas acampadas en el Jaral, el propio Mora había improvisado también una milicia con los peones de su hacienda del Peñasco, los de la hacienda del Pozo (cedidos por los carmelitas) y un grupo de pames de la congregación de Divina Pastora.^[46] Mora afirmaba contar con 500 hombres, aunque es posible que exagerara para aumentar el temor de los gobernadores. Con la firma del acuerdo se restableció el orden en la ciudad. Las autoridades de los barrios, ante la amenaza de las tropas y los problemas económicos causados por la paralización del comercio en San Luis, trataron de asegurar sus vidas y posesiones, renunciando a la rebelión y a sus objetivos fundamentales: resolución favorable de los conflictos por tierras y terminar con los abusos de las autoridades.^[47]

El mismo día en que se firmaba la paz en San Luis, la carta de Mora al comandante de las tropas del Jaral fue interceptada en el Valle de San Francisco. Juan Eduardo García Jové, teniente del cura, que ejercía por ausencia del titular ocupado por asuntos de tierras, se la leyó a los gobernadores indígenas. Desde ese momento abandonó la actitud conciliadora que había mantenido y se convirtió en portavoz de los sublevados, informando de inmediato a los serranos, a los que pidió ayuda para la defensa del pueblo porque estaba en el camino entre el Jaral y San Luis (rah, García Jové a Orosio y Alaniz, 28 de junio de 1767).

Los mineros escribieron a los gobernadores de los barrios, quienes les informaron de la firma del acuerdo de paz, pero también fueron a casa de Mora a pedirle explicaciones (rah, Patricio Jacobo Martínez a Orosio y Alaniz, 29 de junio de 1767). Éste argumentó que la carta incautada había sido escrita antes de la reunión y que, tras la firma del acuerdo de paz, ya no era partidario de la entrada de tropas. Los gobernadores parecieron conformarse con las explicaciones, pero la desconfianza comenzó a hacerse ostensible. Los barrios levantaron barricadas ante el temor de que Mora faltara a su palabra o a un asalto de los serranos como represalia por la firma del acuerdo. Tampoco Mora confiaba en los barrios y escribió nuevamente al comandante de las tropas del Jaral solicitándole el envío de algunas compañías para mantener el orden en la ciudad.^[48] Por su parte, los serranos ya no se fiaban de los barrios, que habían llegado a un acuerdo con Mora,^[49] y en vista de la nueva situación decidieron negar su participación en los motines.^[50]

Por su parte, los del Valle de San Francisco no sabían a qué atenerse porque habían tenido noticias de la represión de las tropas enviadas por el virrey en San Luis de la Paz y temían ser los siguientes, pero también habían interceptado otra carta de Mora informando al comandante de las tropas de que ya se había restablecido el orden. Ante la duda, decidieron pedir a los serranos el envío de hombres armados y a los barrios información sobre las condiciones de su pacto con Mora. Al final, el temor de un posible ataque pudo más, y reconocieron de nuevo a las autoridades y juraron lealtad al rey.[51]

En apenas una semana, Mora consiguió restablecer el orden en la región negociando con los sublevados, con quienes mantenía una estrecha relación aunque desde una posición de fuerza por la amenaza de las tropas. Pero el vuelco de la situación también se debió a que los serranos, los líderes de la revuelta, no supieron responder a las expectativas de sus aliados. Simplemente les exigieron el pago de tributos,^[52] pero ni acabaron con los conflictos que sufrían los barrios y pueblos por la tierra, ni colaboraron en la protección de las poblaciones que solicitaban su ayuda.^[53] A principios de julio, los serranos, sin opciones de resistir un más que probable ataque de las fuerzas de Mora con el apoyo de los barrios, decidieron negociar y firmar la paz.^[54]

En apariencia, la situación había vuelto a la normalidad, por lo que las autoridades trataron de cumplir el decreto de expulsión de los jesuitas. Sin embargo, este segundo intento parece, más bien, una hábil maniobra de Mora, quien pudo comprobar la lealtad de los barrios, la traición de los serranos y derrotar a los rebeldes, evitando la dificultad de tomar el Cerro. Tanto los serranos como los barrios habían reconocido a las autoridades cuando se vieron en inferioridad, así que todo apunta a que Mora forzó la situación para que cada uno mostrara sus verdaderas intenciones. Si se tienen en cuenta los antecedentes, hubiera sido más prudente esperar a que llegaran tropas de refuerzo. Además, el asunto exigía la máxima discreción, pero el propio Mora se encargó de filtrar la noticia.^[55] La mañana del 9 de julio, los mineros y algunos vecinos de los pueblos próximos al Cerro se dirigieron a San Luis para impedir la salida de los jesuitas; pero a las afueras de la ciudad los esperaba la milicia de Mora y los habitantes de los barrios, que derrotaron a los rebeldes en la única batalla formal de los motines.^[56] Al final, los jesuitas se quedaron en su convento; aunque, con los sublevados vencidos, ya no había posibilidad de altercados, y Mora comprobó el apoyo de los barrios, descubrió a los traidores y derrotó a los serranos, quienes decidieron caer luchando.

Por su parte, El Venado y La Hedionda volvieron al orden en cuanto empezaron a llegar noticias del fin de la revuelta en San Luis y de la proximidad de una expedición punitiva.^[57] Los rebeldes enviaron al alcalde mayor de Salinas, Aristoarena, un escrito culpando del motín al teniente de alcalde y al administrador de las cofradías. Además, Bernardo Bonoso partió con otros cinco vecinos a México para solicitar el perdón del virrey. Pero no pasaron de San Luis, donde fueron apresados por los milicianos de Mora (rah, Gálvez al Virrey Croix, 1º de agosto de 1767).

 

El castigo ejemplar: La llegada del visitador José de Gálvez

 

Pocos días después del inicio de las revueltas, el virrey Croix empezó a recibir noticias de los sucesos de Guanajuato y San Luis Potosí, y decidió enviar al visitador José de Gálvez para restablecer el orden. El 9 de julio, mientras la milicia de Mora derrotaba a los serranos, Gálvez partía desde México al mando de una tropa de alrededor de 500 hombres.^[58]

A mediados de julio, para cuando llegaron a San Luis noticias de la proximidad de la expedición del visitador, Mora ya había tomado con su milicia los principales núcleos rebeldes sin encontrar resistencia y comenzó con las detenciones. El visitador entró en San Luis la mañana del 24 de julio.^[59] Su primera parada fue el colegio de los jesuitas, para disponer su expulsión de forma inmediata. Durante los siguientes días, Gálvez envió parte de sus efectivos a Guadalcázar y a El Venado y comenzó a investigar los hechos por vía sumaria. Para agilizar los procedimientos, dividió la investigación en ocho causas correspondientes a los principales núcleos rebeldes y nombró para cada una a un juez comisionado, tanto a oficiales de las tropas que lo acompañaban como a autoridades locales, aunque la última palabra en la aplicación de las condenas sería la suya.^[60]

Estos comisionados consiguieron la colaboración de algunos de los cabecillas de los tumultos, prometiéndoles indultos o atenuaciones de las penas a cambio de que aprehendieran a sus cómplices y, en menos de un mes, los reos acusados de delitos de lesa majestad se acercaban a mil (rah, Mora a Atanasio de la Cruz, 21 de julio de 1767; rah, Gálvez al Virrey Croix, 16 de agosto de 1767). Sin embargo, estos “colaboradores” acabaron apresados y condenados con todo el rigor. Los castigos fueron severos: 56 hombres, los principales cabecillas, fueron condenados a la pena capital en la horca.^[61] Además, la mayoría fueron decapitados después y sus cabezas se colocaron sobre picas frente a sus casas que fueron demolidas y el terreno sembrado con sal; sus familiares directos fueron desterrados de por vida. También el visitador condenó a trabajos forzados en Veracruz o en La Habana a más de 400 hombres, la mayoría de por vida. Otros 18, por incapacidad para trabajos pesados, fueron condenados al exilio previa pena de azotes.^[62]

También, el visitador impuso una serie de castigos comunales a los pueblos que se habían sublevado, ya que los gobernadores se rebelaron en nombre de la colectividad que representaban. Gálvez les impuso una multa anual de entre 700 y 1 500 pesos, según el tamaño de la población. Además, los pueblos indios (Armadillo, El Venado, La Hedionda y los barrios de San Luis), perdieron su estatuto, por lo que ya no podrían tener tierras comunales ni elegir sus gobernadores;^[63] también se les retiró una serie de privilegios que disfrutaban: la prohibición de que pudieran avecindarse españoles, la exención del pago del tributo indígena, el permiso para que los indios pudieran recibir trato de “don”, llevaran el pelo largo, montaran a caballo, vistieran como españoles o portaran armas. A los vecinos del resto de poblaciones que se habían sublevado (Cerro de San Pedro, Soledad de los Ranchos, Real de los Pozos, Valle de San Francisco y Guadalcázar) se les impuso la obligación de contribuir con su trabajo a la reconstrucción de la cárcel y de las casas reales en San Luis; se suprimieron las ventajas fiscales de los reales de minas.^[64]

Al aplicar estas duras condenas, Gálvez pretendía impartir un castigo ejemplar para que la población comprendiera que la autoridad del rey y de sus representantes era incontestable, sin lugar para pactos.^[65] Pero también buscaba un engrandecimiento personal, porque la visita a Nueva España era su primera comisión importante y quería hacer méritos (Navarro García, 1964, pp. 16-17). Los duros castigos y los informes exagerados por el visitador daban a entender que los jesuitas habían liderado los tumultos para separar Nueva España del dominio del rey y que su intervención puso punto y final a esta peligrosa insurrección.^[66] Sin embargo, los distintos núcleos rebeldes nunca llegaron a plantear un proyecto político alternativo conjunto y la expulsión de los jesuitas, si bien provocó estallidos de violencia, no fue la causa de fondo de los motines. Pero Gálvez consiguió que las autoridades virreinales y las más altas instituciones de la Monarquía compartieran sus teorías sobre la revuelta y aprobaran sus métodos para sofocarla.^[67]

Para ello, se valió de sus informes y del discurso pronunciado en la plaza mayor de San Luis por fray Manuel de Escobar, provincial franciscano, que fue publicado.^[68] Entre las mentiras y exageraciones de esta “versión oficial” destacaba una grave acusación contra los rebeldes: la proclamación de varios “reyezuelos”, en especial uno de los cabecillas del Real de los Pozos, que se hacía llamar “gran señor”, y el serrano José Patricio Alaniz, quien tenía un escudo y un lema “nuevo rey y nueva ley” (bne, Informe del Virrey Croix al Conde de Aranda, 20 de agosto de 1767). Sin embargo, los rebeldes de San Luis nunca plantearon la fundación de un reino independiente, y los antedichos Alaniz y “gran señor” ni recibieron un castigo especial por haberse autoproclamado reyes, ni en las cartas entre los núcleos sublevados se hacía referencia a este asunto. Además, el lema de “nueva ley y nuevo rey” parece contradictorio, porque los rebeldes se oponían a las “leyes nuevas”.^[69] También es reseñable que ni Gálvez ni Escobar hicieran referencia al acuerdo de paz ante notario entre Mora y los barrios de San Luis, ya que no podían reconocer abiertamente que Mora pactó una serie de compromisos con los rebeldes. Según su versión, tras impedir la salida de los jesuitas, los gobernadores de los barrios entraron en casa de Mora exigiendo las cabezas de los peninsulares pero éste les hizo cambiar de idea gracias a la colaboración del padre Escobar (rah, Discurso sobre los sucesos de San Luis Potosí, 1768). Por último, se debe señalar que este discurso “oficial” cae en una contradicción de base: Gálvez y Escobar mencionaban la gravedad de la rebelión, pero se referían a los sublevados con términos despectivos. De ser cierto, ¿cómo “una chusma de traidores sin unidad” pudo armar una revuelta tan bien organizada y extendida? (rah, Discurso sobre los sucesos de San Luis Potosí, 1768).^[70]

Sin embargo, Gálvez fue consciente de los motivos de fondo que provocaron la revuelta y, además de aplicar duras condenas, dictó varias disposiciones tratando de evitar los conflictos por la ocupación de tierras. Decretó que todos los terrenos que estuvieran a dos leguas en torno de un real de minas fueran comunales y que las poblaciones asentadas sobre tierras que tenían dueño pagaran una renta en lugar de ser desalojadas. Esta medida acabó con numerosos pleitos, pero significó el pago de una renta permanente para varios pueblos y barrios que se asentaban sobre tierras en litigio tras perder su estatuto y, por tanto, su derecho a tierras comunales, pasaron a ser propiedad de la otra parte litigante. Solamente los de Tlaxcalilla, que mantuvieron su estatuto de pueblo, y algunos terratenientes, especialmente Francisco de Mora y los carmelitas, que llevaban años litigando con varios pueblos, se vieron beneficiados, al igual que, curiosamente, los serranos.^[71]

Además, para evitar nuevos disturbios, Gálvez se preocupó de que las autoridades tuvieran un mayor control sobre el pueblo. Para ello, estableció como delito de traición, penado con la muerte, que los vasallos tratasen de imponer condiciones a las autoridades y que éstas las aceptaran. También fijó un arbitrio sobre el maíz para financiar la reconstrucción de las casas reales y la cárcel con materiales más sólidos y dedicó especial atención al establecimiento de un cuerpo miliciano permanente. Designó a Francisco de Mora, pacificador de los tumultos y buen conocedor de la zona, como coronel de este cuerpo, al que dio el nombre de Legión de San Carlos; su principal misión sería garantizar la paz y la obediencia de los pueblos de la región potosina y estaría formado por hombres de “buena calidad” de las poblaciones de la zona. Los costes de mantenimiento y de armamento se cubrirían con las multas impuestas a los pueblos sublevados.^[72]

El 7 de octubre el visitador publicó un bando de indulto general para todos los que habían participado en los motines y no hubieran sido condenados. El día 12 partió hacia Guanajuato; dejó tras de sí a una población amedrentada tras haber presenciado los duros castigos a los rebeldes, decenas de compañías milicianas para mantener el orden, un sistema tributario reestructurado para proporcionar mayores ingresos y un buen número de litigios por tierras resueltos. Su expedición podría calificarse como exitosa,^[73] pero la situación en la que quedó la región potosina no fue nada favorable. Las numerosas condenas, las multas a los pueblos y los nuevos arbitrios aumentaron la emigración lo cual redujo la mano de obra en minas y haciendas y la actividad económica en general. La conflictividad por el acceso a la tierra descendió, pero por el temor en que quedaron sumidos los pueblos tras la represión.^[74] Además, los litigios continuaron, ya no por la propiedad de las tierras, sino porque las comunidades no podían hacer frente al pago de los censos a los propietarios del terreno en que se asentaban.^[75] Tampoco las finanzas municipales de San Luis quedaron en condiciones de costear la construcción de la nueva cárcel y las casas reales, cuya reedificación no se completó hasta comienzos del siglo xix.^[76]

 

Conclusiones

 

A modo de conclusión, son destacables dos cuestiones fundamentales relacionadas con los dos personajes que acabaron con los tumultos Francisco de Mora y José de Gálvez. En primer lugar, la capacidad de negociación y el liderazgo de Mora, asentado sobre su riqueza y la amenaza del uso de la fuerza, hicieron más para acabar con la revuelta que las instituciones. Este hacendado, que no desempeñaba ningún cargo público, aglutinó los intereses de los religiosos, del poder político y económico (peninsulares) y de la plebe (los barrios de San Luis), con cuyos dirigentes estableció una incipiente relación clientelar.[77] Las órdenes religiosas lo apoyaron, cumpliendo con su tradicional papel en defensa de la paz,^[78] pero también por motivos materiales: los carmelitas aportaron a la milicia más de un centenar de peones de su hacienda del Pozo para derrotar a los pueblos rebeldes con los que mantenían litigios por tierras.^[79] También las autoridades, y los peninsulares en general, incapaces tanto de solucionar los problemas que provocaron el estallido violento como de sofocar la revuelta, apoyaron a Mora porque les garantizaba la seguridad de sus bienes y personas. Asimismo, los gobernadores de los barrios, interesados en que se restableciera el orden en la ciudad para que volviera a celebrarse el mercado en el que vendían sus productos, abandonaron la rebelión después de que Mora se comprometió a evitar que sufrieran una dura represión.

Valiéndose de su experiencia militar y del control directo que ejercía sobre un número considerable de hombres, los peones de su hacienda y los pames de Divina Pastora, Mora formó una fuerza que lo colocó en una posición ventajosa a la hora de negociar.^[80] Esta milicia fue la que derrotó a los rebeldes, pero antes de su intervención el 9 de julio, supo aprovechar las diferencias entre éstos para ganarse el apoyo mayoritario de la sociedad, dejando a los sublevados temerosos y en minoría. Aunque todos sufrían las presiones de los hacendados por la tierra, se sentían agraviados por los abusos de las autoridades y se sentían perjudicados por la aplicación de las “leyes nuevas”; la hábil intervención de Mora acabó con su unión. Los esfuerzos en favor de la autoridad real de este personaje, que podría calificarse como un antecedente de la figura del caudillo del siglo xix, fueron reconocidos con su nombramiento como coronel de la Legión de San Carlos y con un título de Castilla, el primero de San Luis: el condado de Nuestra Señora de Guadalupe del Peñasco (ahn, Título de Conde de Guadalupe del Peñasco, 26 de enero de 1768; agn, Despacho de Coronel de Milicias de San Luis, 24 de enero de 1768).

En segundo lugar, cabe reseñar la forma en que Gálvez aprovechó su posición para engrandecer su figura a costa de centenares de acusados, cuya participación en los motines era difícil de probar. Hubo al pie 500 condenados. Al margen de los cabecillas, cabría preguntarse hasta qué punto fueron concluyentes las pruebas contra la mayoría. Más bien, parece que las autoridades necesitaban un número significativo de condenas como respuesta a la multitudinaria participación en las revueltas, así que, en ocasiones, se dio validez a testimonios y pruebas dudosas o, al menos, no concluyentes.^[81]

Además, aunque el verdadero pacificador de la región fue Francisco de Mora (por lo que fue recompensado), Gálvez se hizo con mayores méritos gracias a sus informes exagerados y a los duros castigos aplicados. Así apareció ante las autoridades superiores como la figura clave que reprimió una grave revuelta que buscaba la escisión de Nueva España, lo cual le sirvió para progresar en su carrera, llegando a ser Ministro de Indias en 1776. Sin embargo, su paso por San Luis dejó a la economía regional sumida en una recesión de la que no salió hasta el descubrimiento minero de Catorce, una década más tarde. La crisis que se vivía llegó al punto de que el alcalde mayor Urbina solicitó al virrey un traslado.^[82] Sus ingresos se reducían a las rentas que obtenía por el ejercicio de la judicatura y a seis por ciento que se quedaba del ramo de tributos. Pero estas prebendas eran insuficientes para mantenerse por las escasas rentas que se generaban en la jurisdicción debido al declive del comercio y la minería. Además, tras el establecimiento de la Legión de San Carlos, también se redujeron los beneficios que obtenía de la aplicación de justicia, ya que todos sus miembros se acogían al fuero militar (agn, Andrés de Urbina al Virrey de Croix, 16 de febrero de 1770).

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